ANA COPES PIDE LA DEROGACIÓN DE UN TRIBUTO INJUSTO
La Diputada Nacional del Partido Demócrata Progresista, Ana Copes, presentó un proyecto para derogar la Ley N° 23.681, de recargo en las boletas de energía eléctrica.
En el año 1989, esta Ley impuso un recargo del 0,6% en la factura de electricidad, para todos los usuarios de la República Argentina, a fin de crear un fondo destinado a subvencionar las tarifas de los habitantes de Santa Cruz, de manera tal que éstas resultaran parecidas a las del resto del país, hasta tanto la provincia sureña pudiera conectarse al Sistema Nacional Interconectado. La Ley tiene, por un lado, un espíritu solidario; por el otro, un carácter transitorio.
El seguimiento que puede hacerse de este esfuerzo que todos los argentinos hacemos desde 1989, muestra por parte de los distintos gobiernos (desde Menem, pasando por De la Rúa y las sucesivas presidencias de Néstor y Cristina Kirchner) desvirtuaciones del destino fijado por la Ley. El recargo del 0,6% en la tarifa pasó, en el tiempo y en gran medida, a formar parte de los recursos del Tesoro Nacional, convirtiendo a este recargo no tributario en tributario. Es decir, dinero que tenía un objetivo específico por Ley, pasó a Rentas Generales pudiendo ser utilizado por el Poder Ejecutivo Nacional para cualquier fin.
La incorporación de la Patagonia al hoy denominado Sistema Argentino de Interconexión comenzó en 2006 con la puesta en funcionamiento de la línea Choele Choel – Puerto Madryn, que unió las provincias de Río Negro y Chubut. En abril de 2008 se sumó la habilitación de la línea Puerto Madryn – Pico Truncado, que permitió incorporar a localidades del norte de Santa Cruz, a las que se agregaron los tres trayectos que llevan de Pico Truncado a Río Gallegos, 693 kilómetros de líneas extra y alta tensión. El monto final de los dos primeros tramos sumó 860 millones en números redondos. Hace más de 8 años que Santa Cruz está interconectada. Los principios de solidaridad y transitoriedad de la Ley, en jaque mate.
“Para que tengamos una idea más clara, sólo en 2015 se recaudaron en concepto del recargo del 0,6%, 400 millones de pesos. Cualquier persona puede sacar la cuenta: con dos años y fracción de este gravamen se pagaron perfectamente las obras. La realidad es que nos siguen cobrando como si nada fuese. En definitiva, desde 1989, aprovechando el noble motivo de una ley justa y solidaria, el Estado Nacional se apropió del esfuerzo de los argentinos para usarlo con fines que desconocemos, y que son motivo de un pedido de informes. Los hechos eximen de comentarios y se comprende que el conocimiento de éstos genere indignación”, dijo la Diputada Copes.
Por su parte, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, por iniciativa del Bloque de Diputados del Partido Demócrata Progresista, sancionó un Proyecto de Comunicación declarando la necesidad de proceder a la derogación de la Ley. “Hoy hay un nuevo gobierno nacional, que tiene la oportunidad de comportarse de manera distinta de los anteriores. En materia tributaria, la simplicidad de las regulaciones, la exigencia para hacer lo que corresponde (y no lo que le conviene a quien tiene el poder de imposición fiscal) y la transparencia, base fundamental de la generación de confianza, son esenciales para la fidelización del contribuyente. En manos de los legisladores está el deber de hacer leyes justas y, en este tema, terminar con una conducta abusiva. Al respecto, la Democracia Progresista tiene, a lo largo de los años, una trayectoria inclaudicable sobre el tema que puede exhibir ante quienes son los verdaderos mandatarios: el pueblo de la Nación”, finalizó la legisladora Demócrata Progresista.
