Alejados de la realidad, una mala costumbre… Por Lic. Eduardo Kinen (Concejal PJ – Secretario General Unidad Básica Esperanza)

Los ediles radicales Cammisi y Comesatti, acompañados por el concejal socialista Marcelo Dellaporta, presentaron su dictamen de tributaria sobre la hora límite para que ingrese a la sesión del Concejo Municipal de la semana pasada.

Ni la presidencia del Cuerpo ni el Bloque Justicialista pudieron tenerla en tiempo y forma como para analizarlo e intentar alcanzar algún acuerdo que permitiese un acercamiento entre las partes. Ni el mínimo planteado por ellos ni el máximo que exigía el Departamento Ejecutivo.

Lamentable actitud teniendo en cuenta que en los inicios del actual año legislativo, fue el propio Concejo Municipal quien aprobó la Resolución 780 que establecía la “creación de la Comisión Mixta para el estudio y análisis pormenorizado del futuro proyecto de ordenanza tributaria anual, integrada por un Concejal por cada Bloque, un Representante de la Secretaría de Gobierno y un Representante de la Secretaría de Hacienda”. Resolución que fue implementada desde el mes de mayo a través de periódicas reuniones que permitían la posibilidad de confeccionar la tributaria conjuntamente o de proponer alternativas a la misma.

Hacemos hincapié que la mencionada ordenanza incluye como su principal ítem a la Tasa General de Inmuebles, tasa que implica la contraprestación por parte del estado municipal de servicios concretos: recolección de residuos, alumbrado, barrido, riego, reparación y mantenimiento de calles y conservación de plazas, paseos, red vial municipal, desagües y alcantarillas, entre otros.

Por todo ello los porcentajes de incremento de la Tasa debían ser establecidos teniendo en cuenta los costos reales que implican la prestación de los mencionados servicios, de modo tal que lo que paguemos como contribuyentes alcance para que el municipio pueda proporcionar los mismos de forma eficiente y adecuada.

El índice de inflación previsto para este 2016, aproximadamente un 45% el del Congreso Nacional, no muy lejos está el del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos; los aumentos de salarios, insumos y combustibles – más los ya establecidos para enero del 2017 – y los próximos aumentos de las tarifas que maneja la provincia para la energía eléctrica y el agua, nos brindan un panorama en el que el incremento de alrededor de un 15% (cálculos de la Secretaría de Hacienda) en el promedio de tasa otorgado, resultará a todas luces insuficiente.

Bajo la ya monótona consigna de que se oponen a un tarifazo o que defienden el bolsillo del vecino, los concejales del Frente Progresista Cívico y Social han sancionado una tributaria que pretende ser atractiva, mediática y electoralmente, pero carece de seriedad.

No es lo mismo exhibir o plantear diferentes criterios o porcentajes de aumento de los recursos que impedir, lisa y llanamente, una adecuada captación de recursos al estado local.

Las cuentas públicas no son las de la intendente ni las de la secretaria de Hacienda, son las cuentas de la ciudad.

Por ello, esta postura irresponsable no hace más que ir en detrimento de todos y deja en evidencia que el proceder de los citados concejales oculta intereses político-electorales de corto plazo y – si comparamos que con una tasa promedio de 2016 sólo pueden comprarse aproximadamente la mitad de litros de gasoil que podían adquirirse con ese mismo promedio en el año 2006 – vuelve a evidenciar que este accionar tiene como objetivo seguir desfinanciando a la actual gestión.